Indemnización en el Caso Karen Llantoy: Caballo de Troya en los tiempos de la Pareja Presidencial

Se les acaba el tiempo y parece que han decidido apresurar las cosas por la causa abortista. La Pareja Presidencial sabe que le queda poco tiempo para intentar introducir el aborto como un derecho, aun así no tenga sustento jurídico, solo basta que tengan momentáneamente el poder.

¿Cómo así? Pagando una indemnización por supuestamente afectar el derecho al aborto de una adolescente. En el 2001, un hospital nacional no aplicó el aborto a la adolescente Karen Llantoy porque el niño anencefálico que estaba gestando no ponía en riesgo su salud (único supuesto para que se le aplique: aborto terapéutico). Aun así, en el 2005 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó al Estado peruano que se le otorgue una indemnización cercana a los $ 100,000.00 por afectar sus supuestos derechos a abortar y que se dicten medidas para implementar el aborto.

En estos 10 años no se aplicó la recomendación pues no es vinculante (obligatoria), el aborto no es un derecho humano –no existe ninguna norma que reconozca al aborto como un derecho y mucho menos que imponga al Estado la obligación de legalizarlo, por el contrario, existen normas internacionales y nacionales que garantizan el derecho a la vida del concebido e imponen al Estado su cuidado y protección– y porque la realización de un aborto eugenésico (por malformación) como era el caso del hijo de Llantoy implicaba incurrir en un supuesto absolutamente ilegal para las leyes peruanas. Además, abortar a un niño por el solo hecho de ser anencefálico no solo hubiese sido discriminatorio sino además contrario a la famosa política de inclusión social que pregona el actual gobierno.

¿Entonces qué cambio? Las autoridades en el actual gobierno y el impulso de las ONG promotoras del aborto. Ejemplo, aparte de la posición de la Pareja Presidencial y la responsabilidad de los ministros de cartera, la ministra Huaita en algún momento participó de Flora Tristán[1] y tiene una postura a favor del aborto eugenésico –por más que no sea legal en nuestro ordenamiento–, como queda claro en un comunicado de PROMSEX que firmó[2]; asimismo, las impulsoras del tema son DEMUS, CLADEM[3] y el CRLP (ahora CRR) también promotoras del aborto en otros casos. Esto no llama la atención pues algunas de estas organizaciones que proponen liberalizar el aborto e incluso que el Estado financie “servicios de aborto” (“Servicios de Salud Sexual y Reproductiva”), han estado vinculadas o han recibido dinero de Planned Parenthood, millonaria organización involucrada en escándalos por tráfico de órganos de bebés abortados.

Vista las cosas, este nuevo impulso en los temas de aborto encaja perfecto en una política abortista que intenta disfrazar una recomendación como de obligatorio cumplimiento y utilizar el caso como Caballo de Troya para que se liberalicen los supuestos de aborto. Es lamentable que la Pareja Presidencial no valore la vida de algunos bebés por nacer y se limite a actuar bajo una ideología marcada, negando con ello una verdadera política inclusiva que no discrimina a los seres humanos por su condición física.

---

[1] http://aeg.pucp.edu.pe/boletinaeg/notaegresados/241_egresados.htm

[2] http://www.promsex.org/articulos-de-interes/item/1701-en-una-sociedad-democratica-el-debate-sobre-el-aborto-debe-continuar/1701-en-una-sociedad-democratica-el-debate-sobre-el-aborto-debe-continuar.html

[3] http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/se-manipulo-el-caso-de-la-nina-de-10-anos-1374543.html